Nº 42 SEGUNDO SEMESTRE – 2012 | Muchos debates están afectando actualmente a las actividades de los geólogos. Parece que cada vez somos más visibles en esta sociedad española que ha considerado a la geología como cosa de los naturalistas del siglo XIX, y ha sido incapaz de valorar el conocimiento geológico como una actividad fundamental del desarrollo económico y social. En esta creencia trasnochada están, prácticamente, todos los partidos políticos sin exclusión. Se ve que la cultura geológica de la sociedad es más que ínfima; es casi nula. Mucha de la culpa está en los diversos planes de estudios de enseñanza secundaria que considera a la geología como una asignatura menor; así tuvimos que decírselo al ministerio durante la elaboración de la LOMCE. Se entiende ahora por qué los administradores públicos confunden un licenciado en CC. Geológicas con otro en CC. Ambientales.
Pero volviendo a los debates actuales, señalemos los de mayor impacto. Por un lado está el trascendente anteproyecto de ley de Servicios Profesionales; por otro, la tan traída y llevada exploración de gas por la técnica de fracturación hidráulica (fracking) y, por último, la participación geológica en las crisis sísmicas que afecta a Jaén y Navarra.
El anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, que se quiere aprobar en el presente semestre del 2013 el ICOG, junto al resto de colegios de Ciencias, lo tiene claro: la colegiación tiene que ser un requisito para ejercer las profesiones que afectan a los derechos de los ciudadanos. Siguiendo con la argumentación, el Colegio manifiesta que la revisión de la colegiación, estableciéndola como obligatoria para unos y voluntaria para otros, rompería un modelo de ejercicio de calidad, basado en el control independiente e imparcial. La propuesta que está considerando el Ministerio de Economía, plantea un modelo basado en la libertad de acceso y ejercicio de las profesiones con una lista de excepciones. Pero… ¿cuáles son las excepciones para el ministerio? Para el ICOG, la justificación de la colegiación necesaria para ejercer abarca a más profesiones que las recogidas en el borrador del anteproyecto. Al amparo de las modificaciones que sufrió el borrador en el Senado, se recalca aun más que la actividad geológica supone una “garantía de la prestación de servicios de interés general o de servicios públicos, la preservación del medio ambiente o la conservación y administración del patrimonio de las personas”, como dice la enmienda aprobada.
En cuanto al siempre impreciso concepto de “reserva de actividad”, el Colegio lo tiene también claro. Considera que “independientemente de a qué profesión se atribuyan en exclusiva o de forma compartida determinadas actuaciones profesionales, su capacitación y competencia han de ser comprobadas”. Aquí entra de lleno el lema del ICOG: “la competencia para el competente”. Es decir, no basta con el título académico para ejercer, hay que demostrar la valía profesional con una certificación. No nos inventamos nada, el modelo anglosajón ya lo tiene inventado desde hace años. Para quien quiera ampliar estos conceptos, pueden consultar el número 141 de la revista Profesiones editada por Unión Profesional.
Otro debate muy de actualidad es el de la fracturación hidráulica (fracking) y su impacto ambiental. Mucho se ha escrito ya en el poco tiempo que lleva el tema en boca de todos. El ICOG es el primer defensor del medio ambiente, pero también es el que apoya el desarrollo de los recursos energéticos en un país, como el nuestro, que es deficitario en dichos recursos. Por tanto, no se opone a la exploración, investigación y aprovecha- miento de recursos energéticos con utilización de esta técnica; sólo exige que se respeten dos condiciones: un estricto cumpliendo de la normativa legal (medioambiental y de cualquier otro tipo) que sea de aplicación, y que se encuentre actualmente vigente y/o que en el futuro sea aprobada, y que se utilice escrupulosamente los más altos estándares y las mejores prácticas de la industria de exploración y producción de hidrocarburos, basados en la muy dilatada experiencia que, con respecto al empleo de la fracturación hidráulica, ya existe. El Colegio considera que los emplaza- mientos de estos proyectos de investigación y/o explotación tienen que construirse en condiciones de “vertido cero”, evitando cualquier tipo de derrame contaminante a la superficie del terreno y/o a los cauces fluviales. Igualmente, y como no podía ser menos, los trabajos de perforación, entubado, cementación, estimulación y cualesquiera otras labores relacionadas que se desarrollen en el interior del pozo, se tienen que realizar de forma que se garantice la integridad del pozo y la no afección a los acuíferos que hayan sido atravesados por el sondeo.
Si los poderes públicos consideran que el actual marco regulatorio no es suficiente para regular de forma adecuada el empleo de la fracturación hidráulica, el ICOG, como siempre ha hecho, se pone a disposición de las Administraciones con competencias en la materia para asesorar en la realización de dicha normativa, especialmente en los aspectos que tengan relación con el conocimiento del subsuelo.
Y hablando del subsuelo, no debemos olvidarnos de las crisis sísmicas que sufren la provincia de Jaén y la Comunidad de Navarra. La sismicidad se concentra en dos puntos donde no es habitual esta peligrosidad. La población esta asuntada, y con razón. Si recurrimos a los mapas geológicos para buscar las causas de los mismos, vemos que no hay datos neotectónicos;¿por qué? se pregunta uno. Pues, sencillamente, porque la geología está sin actualizar y cuando se realizaron los mapas geológicos se consideraba que los terremotos les ocurrían a otros; es como si el cupo de terremotos lo tuviéramos cubierto en España con el terremoto de Lisboa, de 1755. En el caso de Navarra se comprueba que la causa son los deslizamientos provocados por la lluvia. En Jaén, la falla que pasa por Torreperogil y Sabiote es invisible en los mapas geológicos. El debate está abierto. Hay que actualizar la geología de muchas zonas españolas, empezando por aquellas que tienen algún grado de peligrosidad de riesgos naturales. ¿Quién pone el dinero? De ello podríamos hablar largo y tendido, pero esperemos que mientras tanto no ocurra alguna desgracia en ninguno de estos dos puntos, o, por qué no, en la isla de El Hierro.
