El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) pide a las administraciones públicas y a la empresa Hullera Vasco-Leonesa que se comprometan a buscar una salida sensata para el cierre del Pozo Aurelio (H.V.L..), en León. La empresa, que se encuentra en concurso de acreedores, no puede acceder a las subvenciones liberadas por la UE para acometer el cierre definitivo de la mina.

El Colegio de Geólogos recuerda que, de no hacerse cargo del cierre definitivo de la mina la empresa propietaria, la responsabilidad recaerá sobre la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. “Somos conscientes del gran interés que está poniendo la Junta para solucionar esta situación”, ha explicado Juan Manuel Piñeiro, delegado del ICOG en Castilla y León.

Juan Piñeiro, delegado del ICOG en Castilla y León, confía en una pronta resolución del conflicto

De hecho, Piñeiro apunta a que la Dirección General de Minas de la Consejería de Economía y Hacienda está trabajando para que el Pozo Aurelio tenga acceso a las subvenciones que permitan el cese ordenado de la actividad y confía en una pronta resolución del conflicto.

“Es una situación similar a la que se vivió en la mina La Camocha, en Gijón, hace 8 años”, explica José Antonio Sáenz de Santa María, presidente del ICOG en Asturias. En aquella ocasión, según relata Sáenz de Santa María, el gobierno español eximió a la propietaria del pago de sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social, lo que desbloqueó el acceso a las subvenciones que permitieron acometer el cierre de la mina.

Un proceso largo y laborioso

El cierre de una mina no es un proceso sencillo ni rápido. Según el Colegio de Geólogos, primero hay que retirar todos los materiales útiles –cables, bombas, motores, vagones, maquinaria, carriles de vía, tuberías, etc– del interior del pozo. Posteriormente hay que extraer todos los productos que puedan causar contaminación.

No se debe despedir a los mineros que tendrían que llevar a cabo el cierre definitivo del pozo

Una vez retirado todos esos materiales, el pozo se deja inundar, “una solución muy económica y que permite preservar la estructura de las galerías gracias a la presión hidrostática”, explica José Antonio Sáenz de Santa María. El llenado del pozo puede tardar entre 5 y 10 años en completarse; no obstante, si es preciso reabrir la explotación minera, se puede extraer el agua rápidamente.

Otro aspecto al que hay que prestar atención son las escombreras y balsas de decantación en el exterior de la mina, que deben ser restauradas mediante la construcción de taludes estables cubiertos de vegetación.

Toda esta labor de cierre la deben realizar los mismos mineros que han trabajado en la explotación del pozo. De ahí que desde el Colegio de Geólogos no se entienda que se pretenda despedir a los últimos mineros del Pozo Aurelio el 31 de julio. “Estos mineros son los que deberían trabajar en el cierre definitivo de la mina”, afirma Sáenz de Santa María. Los trabajos de cierre permitirían dar empleo a los mineros del Pozo Aurelio durante dos o tres años.