El agua es un bien necesario para la vida. La búsqueda y explotación de este recurso supone una necesidad básica para la supervivencia, progreso y bienestar de los países en desarrollo. Esta etapa, ha sido superada en el Primer Mundo, donde por fortuna se encuentra Europa, donde prima el concepto de su uso sostenible.
En este contexto, en el año 2000 se aprobó la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) que tiene como objetivo prioritario la protección global del medio hídrico (agua superficial, subterránea, de transición y costera), para conseguir, en el horizonte de 2015, las mejores condiciones posibles en cantidad y calidad de agua. Esta no pertenece a nadie en particular, ya que forma parte del continuo ciclo hidrológico y sirve como soporte de la actividad humana y del medio ambiente. Las Administraciones deben ser las garantes del adecuado conocimiento y protección de este imprescindible recurso.
Son numerosos los problemas existentes y no todos se desarrollan de igual manera en el tapiz europeo. Existen problemas que unen, a su pesar, a todos los países: la contaminación antrópica, asociada a las actividades agrarias, industriales y ganaderas, la sobreexplotación de recursos en la costa, etc. Otros, en cambio, tienen mayor repercusión en zonas concretas, como ocurre con las sequías prolongadas en los países del arco mediterráneo; problemas que pueden acentuarse con el cambio climático. Son problemas conocidos por todos, pero no por ello, solucionados.
En estos diez años, las administraciones de los diversos países de Europa han ido desarrollando la Directiva, adaptándola a sus peculiaridades y colaborando entre todos los estados para armonizar su aplicación al espacio europeo. En España, como en el resto de la Unión Europea, se han redactado (o están en ello) nuevos planes hidrológicos para cada Cuenca hidrográfica, o Demarcación hidrográfica, su nombre actual, como impone la Directiva. Estos planes requerirían plasmar el incremento del conocimiento de las relaciones entre los distintos componentes del ciclo hídrico. Aunque dichos planes pueden suponer un mayor protagonismo de las aguas subterráneas, este avance es, no obstante, insuficiente. Para alcanzar la adecuada visión de las aguas subterráneas como claves en la sostenibilidad del recurso hídrico, sería necesaria una mayor inversión económica y priorización de esfuerzos en su investigación y su gestión.
También, dentro de sus atribuciones, las administraciones locales y regionales deben ser conscientes de la necesidad imperiosa de incorporar a sus planes de ordenación del territorio las regulaciones a las actividades socioeconómicas necesarias para proteger los recursos hídricos, como pueden ser las captaciones para abastecimiento humano o zonas de especial interés medioambiental, de acuerdo con el espíritu de la Directiva.
Por ello, y aunque se incorporan cada vez más profesionales de la hidrogeología en la administración hídrica, falta ese empujón mediático y legislativo que sitúe a las aguas subterráneas en su auténtico lugar, un lugar estratégico, ya que se utilizan abundantemente para riego y abastecen a una población significativa, y soportan ecosistemas emblemáticos que debemos preservar para las futuras generaciones. No esperemos otros diez años para conseguirlo.
