La pregunta “¿Qué hace realmente un geólogo?” parece sencilla, casi trivial, pero en cuanto se formula revela un problema mucho más profundo. En los últimos meses he hecho un pequeño experimento entre amigos, familiares y conocidos para comprobar hasta qué punto la sociedad entiende el alcance real de nuestra profesión.
Las respuestas, aunque previsibles, fueron reveladoras ya que la mayoría reducía el trabajo del geólogo a “dar clase” o “estudiar piedras”. Todo un clásico.
Esta simplificación, que oscila entre un rol endogámico y otro casi esotérico, no es anecdótica. Es el síntoma de una desconexión amplia entre la percepción social de la geología como profesión técnica y su papel real en el funcionamiento de un país moderno.
Porque la geología sostiene pilares esenciales del bienestar colectivo como son el agua que consumimos, la energía que utilizamos, las infraestructuras que nos conectan, los riesgos naturales que debemos gestionar, las materias primas que alimentan nuestra industria, la ordenación del territorio, la transición energética o la adaptación climática. Todo ello depende de un conocimiento profundo del subsuelo y de los procesos que lo modelan.
Sin embargo, esta dimensión estratégica rara vez aparece en el imaginario colectivo. La sociedad suele asociar la geología a una ciencia contemplativa, alejada de los problemas reales, cuando en realidad es una disciplina aplicada que condiciona decisiones críticas que afectan directamente a personas, bienes y territorios.
Uno de los efectos más visibles de este desconocimiento aparece cada año en las estadísticas oficiales de demanda universitaria. Los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) muestran que la rama de Ciencias, donde se encuadra Geología, se sitúa sistemáticamente entre las menos demandadas por los estudiantes que acceden a la universidad.
Esta tendencia no es solo un indicador académico sino que es un reflejo claro y crudo de la escasa visibilidad de la profesión y de la dificultad o la falta de esfuerzo colectivo, para transmitir su impacto real en la sociedad. La consecuencia es evidente y se traduce en menos vocaciones, menos relevo generacional y una capacidad técnica futura insuficiente para afrontar retos que ya están aquí y que se intensificarán en las próximas décadas.
La paradoja es evidente porque España depende críticamente del conocimiento geológico para garantizar su futuro y, sin embargo, la geología profesional mantiene una presencia institucional limitada.
Las estructuras administrativas no incorporan a especialistas en geociencias en los procesos de planificación y toma de decisiones. Esta desconexión entre la importancia real de la geología y su reconocimiento social e institucional genera un vacío peligroso, porque estamos construyendo políticas públicas sin integrar de manera estable a quienes entienden el subsuelo, los riesgos y los recursos.
El problema no se limita al público general, sino que también aparece en parte de las administraciones tanto en niveles directivos como en estructuras funcionariales y en sectores del tejido empresarial.
Cuando quienes toman decisiones no conocen el valor de una disciplina científica o técnica, es difícil que la incorporen en sus estructuras, convocatorias o equipos. Y esta situación no es exclusiva de España. En muchos países europeos la presencia de geocientíficos en órganos de planificación es limitada y la profesión carece de un reconocimiento regulatorio homogéneo, pese a lo que establecen las directivas europeas de cualificaciones.
La Federación Europea de Geólogos (EFG) lleva años señalando esta carencia y advirtiendo de que la Unión Europea no está fijando un marco regulatorio inequívoco para uno de los colectivos profesionales, el de los geólogos y las geólogas, que hacen posible la autonomía energética, la resiliencia ecológica y la seguridad de recursos que tanto se invocan.
Ante este panorama, resulta útil observar modelos internacionales donde la geología ocupa un lugar más sólido en la estructura del Estado. En Europa, los países nórdicos ofrecen ejemplos interesantes de cómo las geociencias pueden integrarse de manera estable en la planificación pública.
Instituciones como NGU en Noruega, SGU en Suecia o GTK en Finlandia combinan funciones científicas con un papel destacado como autoridades técnicas que apoyan a las administraciones regionales y nacionales. No se trata de modelos extrapolables de forma directa ya que cada país tiene su propia estructura institucional, pero sí ilustran cómo la presencia estable de geocientíficos en procesos estratégicos contribuye a mejorar la resiliencia y la eficiencia de las políticas públicas.
Fuera de Europa, Canadá constituye uno de los modelos más consolidados de integración de las geociencias en la estructura del Estado. El Geological Survey of Canada, integrado en Natural Resources Canada, participa de forma directa en políticas de riesgos naturales, aguas subterráneas, recursos minerales, energía y ordenación territorial.
Además, la profesión está regulada mediante la acreditación P.Geo., obligatoria para ejercer en la mayoría de provincias, lo que garantiza estándares técnicos y una presencia estable de geocientíficos en la administración y en la industria.
Australia ofrece otro ejemplo de referencia con el Geoscience Australia que actúa como agencia federal con competencias en riesgos naturales, recursos minerales, energía, aguas subterráneas, geodesia y ordenación territorial y la profesión está regulada mediante el registro RPGeo, que asegura la cualificación técnica en funciones críticas.
España tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección porque la geología se encuentra en un momento clave para reforzar su presencia en la toma de decisiones estratégicas. Para ello es necesario mejorar la visibilidad pública, fortalecer la formación aplicando la regulación derivada de las directivas europeas y consolidar la presencia de geocientíficos en estructuras estables de participación en políticas públicas.
En este contexto, el papel del Colegio de Geólogos es fundamental. El ICOG no solo representa a la profesión en la mayor parte del país, sino que puede actuar como un agente activo en la construcción de una narrativa pública moderna sobre el valor de las geociencias, de la mano de los otros dos colegios existentes en España.
La divulgación técnica hacia la sociedad, la participación en debates públicos, la colaboración con universidades para actualizar los currículos, el impulso del reconocimiento profesional, la presencia en foros estratégicos y la elaboración de informes sobre temas clave son herramientas que pueden reforzar la posición de la geología en la sociedad.
El Colegio, junto con el resto de actores académicos y profesionales de las ciencias geológicas, tiene la capacidad de liderar una estrategia de visibilización y fortalecimiento de las geociencias que conecte la profesión con los retos reales del país.
La geología no es solo una ciencia académica que lleva décadas explicando el pasado de la Tierra. Es una disciplina que permite anticipar el futuro de nuestras sociedades a partir de lo que conocemos bien que ha ocurrido en los 4.500 millones de años de historia del planeta. Reforzar su presencia en la toma de decisiones no es una reivindicación corporativa sino que es una oportunidad para mejorar la seguridad, la eficiencia y la resiliencia del país.
En un momento en el que España y Europa afrontan desafíos sin precedentes, la geología profesional puede y debe ocupar un lugar central. Aprovechar esta oportunidad depende de las instituciones, las universidades, las administraciones, las empresas y, por supuesto, del propio colectivo profesional representado en los colegios.
