Los geólogos venimos defendiendo desde hace muchos años la necesidad de elaborar una cartografía que delimite diferentes zonas de uso del suelo, restringiendo el derecho a construir en aquellas áreas que, como consecuencia de peligros naturales, puedan representar un elevado peligro para la seguridad de las personas.
Esta cartografía viene siendo utilizada, con mayor o menor fortuna, en los procesos de planeamiento urbano, contribuyendo así a un mejor desarrollo de las ciudades hacia zonas seguras. Pero ¿qué ocurre cuando un territorio no ha sido delimitado como de alta peligrosidad natural y sobreviene una catástrofe? ¿Pueden los poderes públicos territorializar el riesgo a posteriori erradicando las edificaciones ya emplazadas?
Esta cuestión está siendo objeto de una enorme polémica en Francia, después de que el Gobierno decidiera imponer el derribo de más de 1.500 viviendas en las denominadas zonas negras, tras las inundaciones costeras ocurridas a finales de febrero a consecuencia del temporal Xynthia.
El problema que se plantea es que estas zonas se han delimitado mediante un nuevo mecanismo, ya que la franja costera afectada no estaba regulada por el sistema de planes de prevención de riesgos previsibles, que es la herramienta habitual de prevención de riesgos naturales en Francia.
Lo que los analistas nos preguntamos ahora es si se van a definir o no nuevas zonas negras como medida preventiva, o si se esperará a nuevos desastres para volver a poner en práctica el nuevo mecanismo de zonificación del riesgo.
En mi opinión, es poco probable que el Gobierno francés universalice el mecanismo utilizado en la catástrofe del Xynthia, ya que el derribo masivo de edificaciones en otras zonas generaría enormes presiones sociales. Por ello, lo esperado es que se imponga un enfoque coyuntural de territorialización del riesgo, modulado por los límites de la aceptación social.
