Los ciudadanos estamos fatalmente acostumbrados a que se produzcan argayos, deslizamientos del terreno, que generan incidencias y cortes en la circulación de autopistas y carreteras, agrietamientos y destrucción de edificios, y, en ocasiones, daños personales e incluso víctimas. Cuando llega el invierno se suelen producir en Asturias deslizamientos de terreno que los ciudadanos conocemos por su impacto mediático, como los argayos que afectaron a la ladera de Fabares en la autopista del Cantábrico, a la autopista Campomanes-León, a la nueva autovía de acceso al aeropuerto de Asturias, a la cofradía de pescadores de Tazones, …
Existen dos fuerzas contrapuestas que afectan a la estabilidad de toda ladera, las fuerzas volcadoras y las de estabilización. Las primeras, relacionadas con la gravedad, son proclives a generar el movimiento de la ladera y se desencadenan en periodos de lluvia por el incremento del peso de los taludes por la presencia de agua. Las fuerzas estabilizadoras son la cohesión y el ángulo de rozamiento interno de los materiales de la ladera, los cuales disminuyen sustancialmente sus valores en presencia de agua. Son fuerzas, que venciendo a las gravitatorias, tratan de estabilizar el talud. En consecuencia, en épocas de lluvias se produce una disminución de las fuerzas estabilizadoras y el incremento de las fuerzas volcadoras del talud. Cuando estas últimas son superiores a las fuerzas estabilizadoras, su cociente, el factor de seguridad, es inferior a 1, se produce el argayu sobre la infraestructura viaria.
Los ciudadanos sufren riesgos e incomodidades en el uso de las infraestructuras causados por los deslizamientos del terreno, y se han acostumbrado a los argayos como algo natural, algo con lo que tienen que convivir. Sin embargo, la mayoría de los argayos en los taludes de las infraestructuras viarias, independientemente de cual sea la Administración pública responsable, se producen por defectos estructurales en el diseño y ejecución de los taludes del proyecto constructivo por la ausencia de estudios geológicos solventes. En consecuencia, la estabilización de los argayos de las carreteras no debería ser una labor de mantenimiento, pues supone una ineficiente gestión de los recursos públicos, aunque las Administraciones así la están abordando, sino que se deberían actuar sobre su génesis: los inadecuados estudios geológicos de los proyectos constructivos de los taludes de infraestructuras. Unos adecuados estudios particularizados de los taludes en los proyectos constructivos de las infraestructuras y unas solventes labores de mantenimiento son la verdadera y eficiente solución técnica y económica a los argayos.
En determinados sectores relacionadas con la gestión de las infraestructuras se piensa que los argayos geológicos, asumidos con naturalidad por los ciudadanos, son la punta del iceberg de los argayos presupuestarios que sufren algunas obras de infraestructura, deslizamientos presupuestarios que pagan los ciudadanos con sus impuestos.
En lo referente a las implicaciones de los estudios geológicos en las obras de infraestructuras, es fácil entender que por un lado está el tiempo geológico que controla los movimientos del terreno, por otro, el tiempo de proyecto y ejecución de las obras y por otro lado, está el tiempo político.
La realización del estudio informativo, anteproyecto, proyecto, contratación, expropiación de terrenos y ejecución de las obras de infraestructuras viarias en España necesitan un tiempo que transciende el tiempo político de una legislatura, pues resulta técnicamente imposible ejecutar todo el proceso constructivo de manera solvente en cuatro años. Si se realiza en ese tiempo político, lo que se generan son incomodidades para los ciudadanos y una ineficiente gestión de los recursos públicos, como está ocurriendo con las obras de la M-30 en Madrid. Para conseguirlo en este plazo político, las Administraciones acortan artificialmente los tiempos de estudio informativo, anteproyecto y proyecto, en incluso la ejecución de la obra, para que pueda ponerla en servicio en los cuatro años del mandato político, y poder cortar la cinta de inauguración, lo que genera importantes deslizamientos presupuestarios, con reformados de obra y proyectos complementarios en las obras de infraestructura. Para evitar esta práctica de funcionamiento ineficaz, se deberá llegar a un pacto de Estado en las diferentes Administraciones, para que las obras de infraestructura españolas se independicen del tiempo político de una legislatura.
Este pacto de Estado para las infraestructuras debería concretarse en las siguientes propuestas de actuación:
- Realización de estudios informativos, previos y anteproyectos constructivos de infraestructuras de calidad, con estudios geológicos adecuados, con el plazo y presupuesto necesario, para incrementar sustancialmente el beneficio técnico y económico del futuro proyecto.
- Dotar de un presupuesto suficiente a los proyectos de obras de infraestructuras, contratando los estudios geotécnicos de forma independiente al proyecto, lo que generaría proyectos de calidad y exigencia de responsabilidad a sus autores y impediría trasladar los defectos de proyecto y de las obras a las labores de mantenimiento.
- Acabar con la política de adjudicaciones de concursos de proyecto y obra, por motivos de celeridad política, lo que genera muy deficiente estudios geológicos de los proyectos y los consiguientes argayos presupuestarios.
- Hacer un esfuerzo de transparencia en la obra pública, publicando en la página web de las Administraciones públicas, los presupuestos del proyecto, la ordenes directivas de cambio de obra, las bajas de adjudicación, los reformados y modificados de proyectos, los proyectos de liquidación y el coste final de las obras.
- Exigencia de responsabilidad a las constructoras, mediante un seguro de responsabilidad civil profesional en la ejecución de las obras.
- Actualmente en el ideario político de los países avanzados no se debate sobre cuanto se gastan las Administraciones públicos sino como se gastan los impuestos de los ciudadanos en la encomienda de gestión que los mismos hacen a los poderes públicos. Por ello juzgamos prioritario constituir como objetivo marco de la Agencia de Evaluación y Calidad de las Políticas Públicas un plan particularizado de análisis coste-beneficio de las obras de infraestructura españolas.
