Autor: Rubén Esteban
La Estadística Minera de España 2024, recientemente publicada, confirma que la minería continúa siendo un pilar estratégico para la economía y para la transición energética. Sin embargo, también pone de manifiesto la distancia que aún existe entre la estadística descriptiva y el conocimiento geológico de base, imprescindible para gestionar riesgos y asegurar suministros en un escenario internacional volátil.
Las cifras agregadas sobre producción, valor o empleo son imprescindibles para entender la dimensión del sector, pero no sustituyen la información de campo. Sin cartografías actualizadas ni modelos geológicos, las decisiones públicas y privadas quedan expuestas a la incertidumbre y a reacciones del mercado que encarecen materias primas en momentos de crisis.
La experiencia reciente demuestra que la falta de conocimiento geológico no es solo un problema técnico, sino que es un riesgo económico.
Por ello es fundamental defender la investigación de todas las materias primas, incluidas aquellas cuya explotación pueda estar restringida por la legislación climática.
Investigar no equivale a explotar sino a conocer qué recursos existen en el subsuelo, evaluar alternativas, anticipar escenarios y diseñar respuestas que minimicen impactos sociales y ambientales. Y esas respuestas no tienen por qué pasar necesariamente por abrir una mina.
La prospección y el estudio científico permiten proponer estrategias que amortigüen la dependencia externa cuando se producen shocks geopolíticos, como los derivados del conflicto actual en Oriente Medio, que tensionan cadenas de suministro y elevan los precios de los combustibles y, a medio plazo, de prácticamente todo. En estos contextos, disponer de información geológica es una herramienta de resiliencia económica.
En los últimos años se han impulsado iniciativas para mejorar la gestión de materias primas, como el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026‑2030, que incluye actuaciones regulatorias.
Entre ellas destaca la propuesta de un Plan Nacional de Exploración Minera, que podría contribuir a actualizar el conocimiento geológico del país. Sin embargo, para que estas iniciativas sean realmente útiles deben apoyarse en criterios técnicos y contar con la participación efectiva de los geólogos.
El geólogo formula hipótesis sobre la génesis y distribución de los yacimientos, diseña campañas de muestreo, aplica técnicas de geoquímica y geofísica, procesa datos y construye modelos que permiten estimar recursos.
Incorporar el conocimiento del volumen probable de hidrocarburos no contradice la prioridad climática y aporta realismo operativo.
España dispone de reservas modestas frente a los grandes productores, pero relevantes para la seguridad energética nacional. La producción doméstica cubriría solo una fracción del consumo, de modo que las reservas estratégicas y la red de almacenamiento seguirán siendo instrumentos clave para amortiguar shocks. Pero conocer con precisión qué recursos existen permite planificar mejor y evitar decisiones improvisadas que encarezcan la energía.
El campo de gas de Viura, en La Rioja, es un ejemplo ilustrativo de cómo la investigación puede transformar potencial en capacidad real. En 2024 aportó cerca del 79% de la producción nacional de gas natural y más allá de las cifras, Viura demuestra que disponer de estimaciones fiables y escenarios de desarrollo permite valorar cómo contribuciones relativamente modestas pueden reducir la dependencia exterior, moderar picos de precio y aportar estabilidad al sistema energético si se combinan con políticas de reservas y contratos de suministro a largo plazo.
España cuenta con otros yacimientos de gas, petróleo y minerales energéticos que podrían investigarse para disponer de una visión completa de nuestras posibilidades.
Negar la investigación sobre ciertas materias por motivos exclusivamente normativos o ideológicos empobrece el acervo de conocimiento y reduce las herramientas disponibles para gestionar crisis como las pasadas y la actual. La investigación rigurosa es una política preventiva que protege tanto la seguridad económica como los objetivos ambientales, porque permite planificar diferentes escenarios con alternativas evaluadas.
A pesar de que Europa ha aprobado la Ley de Materias Primas Críticas y en España se están dando pasos para modificar la actual legislación minera, como se ha comentado, el desarrollo de un verdadero Plan Nacional de Exploración Minera sigue avanzando con lentitud.
Convertir la atención legislativa en proyectos operativos y financiación sostenida requiere reconocer formalmente la competencia técnica del geólogo como imprescindible para la toma de decisiones. Y, sobre todo, evitar confundir su labor investigadora con un aval automático a la explotación.
Solo así podremos responder sin agobios ni subidas desmesuradas de precios ante crisis externas, equilibrando seguridad de suministro, protección ambiental y objetivos de descarbonización.
