Nº 46 PRIMER SEMESTRE DE 2015 | En España hay una tendencia histórica, un tanto perniciosa, de cambiar sistemáticamente todo lo establecido cada vez que vienen nuevos políticos: los planes de estudio, los impuestos, los libros de texto, etc. Ahora está de moda cambiar muchas cosas, como si el cambio por el cambio fuera la solución a nuestros problemas estructurales y sistémicos. La falta de conocimiento histórico y preparación intelectual es palmaria en las tribus políticas españolas siempre hay excepciones, y eso sí es uno de los verdaderos problemas. Basta ver el trato que dan todos los partidos, sin excepción, al colectivo de geólogos españoles desde siempre, y el poco conocimiento que tienen de lo que hacen los geólogos.
Recientemente, antes de las elecciones de mayo pasado, el ICOG invitó a los seis partidos principales que concurrían a las mismas, para que explicaran sus programas medioambientales (ver crónica del evento en este numero de la revista). Pues bien, los partidos con más tradición política transmitían un conocimiento bastante completo de los aspectos medioambientales de naturaleza geológica. Por el contrario, los partidos “emergentes” adolecían de ese conocimiento, aunque, desde actitudes totalmente sinceras, reconocían que no sabían que existiera la energía geotérmica como una energía alternativa limpia, o que las emanaciones naturales del gas radón podrían ser un problema ambiental si no se controlaban las acumulaciones.
Desgraciadamente, en la política española siguen primando mucho más las consignas de partido que el conocimiento y el buen servicio al ciudadano. Sin duda, hay que profesionalizar el servicio público y exigir un mínimo de conocimiento, capacidad de gestión y cultura. Aquí parece que todos progresan menos los geólogos, y eso que a todos los políticos les entusiasma decir que son fuerzas de progreso. ¿De qué progreso? Será del de ellos.
Los geólogos seguimos sufriendo la discriminación en muchos ámbitos administrativos frente a otros colectivos: falta de reconocimiento profesional en varios campos de actividad y otros desvaríos; son sólo algunos de los desatinos que la Administración, de forma recurrente, aplica a nuestro colectivo.
Ya en tiempos de Bravo Murillo (hombre listo y de Estado) se sentaron las bases del proyecto de racionalización burocrática de la Administración. Elaboró una ley general que estableció las bases de la función pública de manera que constituyera un auténtico régimen jurídico de los funcionarios para que se fortaleciese la propia Administración. Hay que tener en cuenta que la práctica del spoil system (clientelismo, en castellano) estaba tremendamente extendida, por lo que los puestos se otorgaban en virtud de tratos de favor, fidelidades personales o corrupción, convirtiendo la Administración en una suerte de organización poco profesional, corrupta y fuertemente ideologizada. ¿Les suena esto? Pues abran los periódicos todos los días y se encontrarán con un muestrario de estas prácticas.
Como decíamos antes, a nuestro colectivo, los cambios nunca le afectan, siempre estamos igual. Los niveles intelectuales de algunos de los nuevos políticos son tan bajos, que muchos de ellos no saben que existe la profesión de geólogo o que los geólogos somos los profesionales que entendemos de vulcanismo (pregunta que se me hizo por parte de un político). Sigue valiendo eso de que “en España cualquiera puede llegar a ministro”. Pues no, no vale cualquiera para ser ministro, como tampoco vale cualquiera para ser alcalde. Hagamos caso a Bravo Murillo y cambiemos, en todo su sentido, la manera de hacer política de Estado, profesionalicemos la política.
El mero hecho de que las oposiciones españolas estén basadas en un método de adquisición y transmisión de conocimientos, que en nada se parece a los consolidados en las mejores instituciones académicas del mundo, debería ser suficiente para plantearnos muy seriamente un cambio en el sistema de acceso a la función pública.
Y mientras se corrige esta disfunción, el ICOG hace pedagogía geológica entre la clase política. Como viene haciéndolo desde hace años, el Colegio ha elaborado un informe con las 21 Propuestas para una política geológica nacional al servicio de los ciudadanos para entregárselo a todos los partidos políticos. El documento contiene las aportaciones para las próximas elecciones generales, con objeto de que nuestro país disponga de una política geológica nacional, para su análisis, estudio y valoración por parte de los partidos políticos y, en su caso, posibilitar su potencial inclusión en sus respectivos programas electorales. El contenido no es nada novedoso en otros países desarrollados, pues vienen aplicándolo desde hace años con grandes resultados y una rentabilidad económica elevada.
Por último, y como caso extremo del divorcio entre los políticos y los conocimientos geológicos, está el del terreno que se ha elegido en Villar de Cañas, Cuenca, para la construcción del ATC (por su nombre técnico: Almacén Temporal Centralizado). El ICOG, en una manifestación a los medios, se posicionó en contra de la decisión de elegir ese terreno y alertó de los sobrecostes que ocasionaría la cimentación especial que puede inducir la mala calidad de los mismos en el coste final del proyecto, cuya construcción se prevé que ronde los 900 millones de euros. El Colegio no está en contra de un ATC, sino que no comprende por qué se empieza la casa por el tejado: primero reservamos el terreno y luego vemos si geológicamente sirve. Viendo las votaciones que se produjeron en el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), no todos los consejeros estaban de acuerdo con dar la autorización para el inicio de las primeras infraestructuras. Cristina Narbona votó en contra de la aprobación.
