La Silla

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Nº 43 PRIMER SEMESTRE – 2013 | Una silla puede dar mucho de sí, aunque a primera vista no lo parezca. Es un elemento que sirve para sentarse y que todos utilizamos día a día; sabemos lo que es o, al menos, eso creíamos. Sin embargo, si se te ocurre diseñar una silla un poco especial aquí, en España, tienes un problema. Como ejemplo, baste con leer detenidamente el artículo de la silla plegable creada y diseñada por el arquitecto David Nadal, y que se publica en este número de la revista, para conocer cuál es el problema. Nadie lo podía imaginar, pero fabricar una silla con tubos metálicos de uso común y tejidos corrientes, cambiando simplemente el diseño tradicional, es un cataclismo para la industria española. Se les caen todos los palos del sombrajo. Pero…, dirán ustedes, ¿qué tiene de especial esa silla? Pues nada, que al ser un diseño nuevo (léase innovación), nuestro arquitecto pensó que podía fabricarse sin dificultad en España. Pero se equivocó. Su confianza y abnegación, le llevó a no renunciar a su invento y acabó en Holanda, donde la fabrican con un gran éxito.

Ciertamente, este caso refleja claramente que, estando en la sociedad del conocimiento y su tan cacareada transferencia a la industria, casos como éste indican que, lógicamente, no estamos hablando de este país. Aquí, lo nuevo asusta, y más asusta el cambio. Se trata de seguir el absurdo principio de cambiarlo todo para que todo siga igual.

Toda esta rocambolesca historia sirve como fiel reflejo de lo que está ocurriendo en España con la política científica y las profesiones de ciencias.

Son muchos los personajes que día tras día, y a lo largo de la historia, han dicho que la base de una sociedad de progreso es la educación. Y muchos más los que dicen reiteradamente que la ciencia y la investigación no sólo son la base del conocimiento, sino del desarrollo y la competitividad. Ya lo decía el gran ilustrado asturiano Melchor Gaspar de Jovellanos: “La ciencia es sin disputa el mejor, el más brillante adorno del hombre”. Así podríamos seguir con uno u otro gran hombre que han tratado de inculcar en la cultura española la importancia de la conciencia científica, sin conseguir grandes resultados. La inmensa mayoría de científicos españoles que han triunfado a nivel internacional lo han hecho fuera. Nuestros científicos y profesionales (acuérdense de La Silla) se van fuera, pero prácticamente ninguno de fuera quiere venir aquí a investigar. ¿Por qué sucede eso? Porque aquí no hay una estructura científica lógica y con medios. Se considera, de manera muy equivocada, que programas como el Ramón y Cajal u otros similares son la solución para rescatar a los “cerebros” fugados y modernizar nuestras organizaciones y políticas científicas. ¡Oh! ¡Craso error! Lo que realmente sucede es que esos investigadores se incorporan a estructuras científicas obsoletas, no competitivas, endogámicas y faltas de recursos financieros.

En España, expresiones como investigación (I) + desarrollo (D) + innovación (i) se utilizan sistemáticamente como expresión de modernidad en los programas electorales de la clase política, sea cual sea su tendencia. Son muletillas que quedan muy bien cara a la ciudadanía pero que nunca marcan tendencia de cambio, porque no se quiere, o no se sabe, cambiar nada. Y no será porque no se habla de ello, sino porque no se tiene conciencia de que la ciencia sirve para crear conocimiento, desarrollo y progreso (véase el caso de La Silla).

Si pasamos al ejercicio profesional de una profesión de ciencias, la cosa tiene tintes peores. Actualmente, el caso más lamentable en España es el de la regulación, ordenación y control del ejercicio de las profesiones científicas tecnológicas (geólogos, químicos, físicos y biólogos). La cortedad de miras que se aplica en la investigación científica se transfiere (aquí sí que se transfiere) al tratamiento que dan a las ciencias en la transposición de la Ley de Servicios Profesionales. El nuevo anteproyecto de esta ley no considera obligatoria la colegiación de ninguna de estas profesiones científicas. Pero resulta que en la propia ley se reconoce que en un colegio de licenciados en ciencias, para ejercer las actividades de proyección y dirección de obra que la Ley 22/1973, de 29 de julio, de Minas, reserva a los físicos, geólogos y químicos, y la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, reserva a los biólogos, físicos y químicos, lo consideran suficiente fundamento jurídico para ser colegiación obligatoria. Toda una contradicción.

También, los profesionales científico-tecnológicos (químicos, biólogos, físicos y geólogos) firman proyectos y dirigen obras, como bien se establece en la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas: “Los trabajos de exploración e investigación habrán de ser proyectados y dirigidos por Ingenieros de Minas, licenciados en Ciencias Geológicas, Ingenieros Técnicos de Minas, Peritos de Minas o facultativos de Minas, cuando dichos trabajos requieran básicamente el empleo de técnicas geofísicas o geoquímicas, las competencias anteriores se extenderán a los licenciados en Ciencias Físicas y en Ciencias Químicas, así como otros universitarios a los que se les reconozca la especialización correspondiente”.

En conclusión, dichas profesiones científico-tecnológicas han de estar en la misma estructura regulatoria del conjunto de profesiones que afectan a materias sensibles para los ciudadanos y la sociedad, evitando que los mismos campos de actividad estén o no bajo un sistema garantista, dependiendo de la profesión que intervenga.

Qué quieren que les diga. Alguien desea que las profesiones científicas seamos de segunda fila, porque la ciencia es, para muchos, eso, una “maría”. ¿Les extraña, después de los que hemos visto con La Silla? Y eso que el innovador es arquitecto.

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Licenciado en CC Geologicas (UCM). Especialidad Petrología ígnea. Profesor contratado durante 9 años por la Facultad de CC Geologicas para impartir clases prácticas de Petrología ígnea y metamórfica. Trabajó con el equipo del profesor Fuster en proyectos de investigación del CSIC en la vulcanologia de Canarias (en Fuerteventura), desde el año 1975 hasta 1981. Director Gerente de la compañía consultora de geología y medio ambiente GEOPRIN S.A. Durante su mandato se realizó el 80% de la cartografía del Plan Magna de las islas Canarias. Personalmente firmó 54 hojas a escala 1:50.000, por lo que el IGME le distinguió por ser el geólogo español que más hojas MAGNA (2ª serie) había firmado. En 1995-97, realizo un estudio del volcanismo de la provincia de Ciudad Real, para su protección medioambiental (JCCM). Fue el asesor vulcanológico del proyecto del Sondeo surgente de Granatula de Calatrava, realizado por EPTISA. Ha dado cursos de Riesgo volcánico en la Universidad de El Salvador Coautor de los capítulos sobre “La peligrosidad volcánica” y sobre “Medidas estructurales y no estructurales ante el riesgo volcánico” del libro Riesgos naturales. Una perspectiva global. Entre el 2006 y el 2014 realizó las guías geológicas de los cuatro Parques Nacionales canarios (Teide, Timanfaya, Taburiente y Garajonay). Ha sido vicepresidente del ICOG desde 1996 hasta 2014. Miembro de la Junta de Gobierno de la ONG Geólogos del Mundo. Vocal de la Sociedad Española de Historia de Las Ciencias y Técnicas (SEHCYT) y miembro del Comité editorial de su revista LLul . Consejero del Consejo Nacional de Bosques. Presidente de las Tertulias del Geoforo (ICOG) hasta el año 2015 y editor de las publicaciones del ICOG (desde 2003 a 2015 director de la revista Tierra & Tecnología).