Otro año más se reflexiona sobre el uso y necesidad del agua en el mundo. Es la llave del desarrollo social y económico de los países. De ello hablarán hoy numerosos organismos nacionales e internacionales, así como ONGs. Son aspectos de una misma realidad. Sin embargo, vamos a centrarnos en el debate del agua en España.

Aquí está de actualidad la demanda de las autonomías para disponer de una mayor competencia en la gestión de las aguas, que los medios de comunicación reducen a las aguas superficiales. Sin embargo, quién controle las aguas superficiales también dispondrá del uso de las aguas subterráneas, que, ante la reducción de las lluvias que preven los especialistas a causa del cambio climático, supondrán un importante recurso para poder asegurar los abastecimientos.

¿Pero, se podrán asegurar los abastecimientos a la población?. Aparte de la perenne falta de previsión de todas las Administraciones españolas en cuanto a la sequía, la realidad es que el fenómeno del ladrillo puede suponer una nueva carga en cuanto a disposición de aguas para abastecimiento. ¿Las Administraciones contemplan la demanda de agua que supondrán las grandes megápolis proyectadas antes de iniciar su construcción? ¿cómo se va a abastecer a las construcciones situadas en la costa y como afectará a los ciudadanos ya asentados? El abastecimiento a las poblaciones de la costa mediterránea resulta compleja, ya que no se pueden incrementar los recursos propios de las aguas superficiales y las aguas subterráneas están cada vez más explotadas y degradadas. Si a ello se añade el efecto del cambio climático ¿cómo se asegurarán los abastecimientos? La solución que siempre se maneja es la de importación de recursos, tremendamente polémica, o incrementar el número de desaladoras. Sin embargo, esta solución puede generar a su vez problemas mediambientales en cuanto al residuo salino generado.

Otra solución que se propone es disminuir la dotación a la población. De unos 200 L/hab/día a 60 L/hab/día, un 70 % menos. ¿es una propuesta realista o políticamente correcta? Lo probable es que no se reduzca el gasto del agua, sino que se incremente el dinero que pagará el usuario por la misma. Ello lleva a una reflexión: el ciudadano alquila el agua, no la compra ni se la queda. Cuando abrimos el grifo consumimos 2 ó 3 litros al día en bebida, el resto se va por el fregadero; igual ocurre con la lavadora o con el baño. Realmente ¿cuánta agua consumimos? Tal vez solo el 10-20 % de lo que se nos factura. El resto vuelve a las redes de alcantarillado y de ahí a las plantas de tratamiento que la devuelven al ciclo del agua para ser utilizadas de nuevo. Y el ciudadano también paga, con el canon de saneamiento o por impuestos, dicho tratamiento. Es como si para alquilar un coche lo tuviésemos que comprar y luego pagar para que se lo quede la empresa que nos lo vendió ¿no parece muy racional, verdad? ¿Es la solución disminuir la dotación por persona o simplemente es un artificio para disminuir el volumen de agua destinado a la población a la hora de calcular las previsiones futuras? Por último señalar que el principal consumo del agua es el sector agrícola y sin embargo se intenta “culpabilizar” del gasto excesivo de agua al consumidor de a pie, que tras un día de trabajo llega a su casa, se ducha y pone una lavadora.

Sin duda, el uso del agua y el derecho del ciudadano al abastecimiento en condiciones de calidad y cantidad adecuadas merece un debate nacional que no se limite únicamente a las Administraciones, científicos, comunidades de usuarios y ONGs, sino también a organizaciones de consumidores y al ciudadano en particular. También es preciso que se tenga una nueva percepción del agua destinada a consumo humano, de sus problemas y soluciones, menos mediatizada por lo política y medioambientalmente correcto.